Toluca, Estado de México.— Con la entrada en vigor de la Ley de Protección, Cuidado y Bienestar Animal del Estado de México, aprobada el 22 de abril de 2026 por la LXII Legislatura mexiquense, los ayuntamientos quedaron obligados a asumir un papel activo y sin excusas en la protección de los seres sintientes, estableciendo —si aún no existen— Centros de Control y Bienestar Animal y fortaleciendo los ya operativos.
Impulsada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, esta legislación marca un parteaguas al establecer como principio rector garantizar el bienestar de todas las formas de vida y evitar su sufrimiento, en concordancia con la Constitución y tratados internacionales. Bajo esta visión, el Estado de México ha sido proyectado como la “Capital Mundial del Bienestar Animal”, reforzando una política pública integral.
La norma no se queda en el discurso: establece acciones concretas en cuatro ejes clave —educación, normas y sanciones, supervisión y rescate, así como programas y campañas— para cerrar el paso a la violencia, abandono y negligencia que por años quedaron impunes.
En el ámbito estatal, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Estado de México será responsable de promover la cultura de protección animal mediante programas educativos, emitir normas técnicas y fomentar la creación del Consejo Ciudadano de Bienestar Animal. A su vez, la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna operará los Centros de Control y Bienestar Animal, además de ejecutar estrategias como CERA (Captura, Esteriliza/Educa, Resguarda/Retorna y Adopta) y campañas como “La Mejor Jugada es Adoptar”, así como integrar registros oficiales de animales de compañía y asociaciones protectoras.
En materia educativa, la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de México deberá impulsar contenidos y campañas de concientización para fomentar el respeto a los seres sintientes desde las aulas. En tanto, la Secretaría de Seguridad del Estado de México y las policías municipales tendrán la responsabilidad de intervenir en rescates, canalizar denuncias y crear unidades especializadas, mientras que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México será la encargada de investigar y perseguir penalmente los casos de maltrato animal.
La vigilancia recaerá también en la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México, que realizará inspecciones, operativos, supervisión de establecimientos y coordinación de rescates.
Para los municipios, la obligación es directa y contundente: deberán difundir normas de trato digno, habilitar mecanismos de denuncia, atender reportes ciudadanos, imponer sanciones administrativas y supervisar criaderos, mercados, espectáculos y transporte de animales. Además, tendrán que rescatar y canalizar a los animales en situación de riesgo, así como retirar cadáveres de la vía pública.
En coordinación con autoridades estatales, también deberán implementar campañas permanentes de vacunación antirrábica, esterilización, desparasitación y control de zoonosis, vinculando el bienestar animal con la salud pública.
El mensaje es claro: el maltrato animal ya no será tolerado. La ley establece responsabilidades específicas y castigos para quienes vulneren a los seres sintientes, marcando el fin de la impunidad. Ahora, el reto será la aplicación efectiva y la vigilancia constante para garantizar que cada municipio cumpla.
