Toluca, Estado de México.– Con el objetivo de frenar las denuncias falsas y proteger la reputación de las personas, especialmente de maestras y maestros, la diputada del PRI, Leticia Mejía García, presentó una iniciativa para imponer penas de hasta 12 años de prisión a quien acuse sin sustento a otra persona por la presunta comisión de un delito.
La propuesta, que contempla reformas al Código Penal y a la Ley de Educación del Estado de México, también plantea incrementar las sanciones económicas por daño moral, pasando de mil a cinco mil días multa, además de reforzar los mecanismos de reparación del daño en casos donde se compruebe la falsedad de las acusaciones.
Durante su intervención en la LXII Legislatura mexiquense, la legisladora subrayó que ser víctima de una acusación infundada es un riesgo latente para cualquier persona, aunque en el ámbito educativo —dijo— esta problemática ha impactado de manera particular al personal docente, afectando su prestigio, estabilidad laboral y vida personal.
En ese sentido, la iniciativa no solo contempla sanciones, sino también acciones preventivas. Entre ellas, propone que las autoridades educativas impulsen la resolución pacífica de conflictos dentro de las escuelas, mediante mecanismos alternativos de solución de controversias que involucren a estudiantes, docentes, madres, padres de familia y tutores.
Asimismo, se plantea la creación de protocolos de actuación que garanticen la seguridad e integridad de la comunidad escolar, respeten los derechos humanos como la presunción de inocencia y el debido proceso, y brinden acompañamiento legal, psicológico y laboral a las personas involucradas en este tipo de situaciones.
Otro de los ejes de la iniciativa es fomentar una cultura de respeto hacia la labor docente, incluyendo la protección de su honor, crédito y prestigio, así como generar conciencia sobre el daño que provocan las acusaciones sin fundamento.
Como sustento, Mejía García citó datos del INEGI que señalan que, en 2021, cerca del 44 por ciento de las personas privadas de la libertad afirmaron haber sido acusadas falsamente o implicadas en delitos que no cometieron.
Finalmente, la legisladora enfatizó que, si bien es fundamental fortalecer la cultura de la denuncia ante los altos índices delictivos, también es necesario evitar que esta herramienta legal sea utilizada de manera indebida para dañar la reputación de terceros.
