EDOMEX.- El Congreso del Estado de México concluyó el proceso de consulta dirigido a pueblos indígenas y afromexicanos, con el objetivo de recabar su opinión sobre la reforma constitucional que busca reconocerlos como sujetos de derecho público. Este ejercicio se llevó a cabo mediante seis asambleas —cinco regionales y una general— y permitirá que el proyecto de decreto sea turnado al Pleno de la LXII Legislatura para su análisis y eventual aprobación.
Las jornadas de consulta se desarrollaron bajo criterios de participación efectiva, buena fe y pertinencia cultural, en apego a estándares constitucionales y convencionales, así como a lineamientos previamente establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Las asambleas regionales se realizaron el 25 de abril en Acambay, San Felipe del Progreso, Temoaya, Texcoco y Tejupilco, mientras que la asamblea general tuvo lugar el 29 de abril en Toluca.
En este último encuentro participaron representantes de pueblos mazahua, otomí, nahua, matlatzinca y tlahuica, provenientes de 48 municipios con presencia indígena reconocida, además de comunidades migrantes y personas afromexicanas. Durante la sesión, las y los asistentes expusieron propuestas y preocupaciones que serán consideradas en la elaboración de leyes secundarias vinculadas a la reforma.
Los diputados Edmundo Luis Valdeña Bastida (Morena) y Leticia Mejía García (PRI), junto con la legisladora Ruth Salinas Reyes (MC), coincidieron en que esta iniciativa permitirá construir un marco jurídico más equitativo, que reconozca de manera efectiva la dignidad, derechos y autonomía de estas comunidades. Destacaron que el proyecto surge del diálogo directo con los pueblos y no de decisiones alejadas del territorio.
Entre los temas abordados por las personas consultadas destacan el acceso a servicios de salud, educación, vivienda e infraestructura, así como la preservación de lenguas, tradiciones y formas de organización interna. También se planteó el derecho a la autonomía, la protección de sus tierras, el acceso a la justicia con enfoque cultural y la obligación de ser consultados ante decisiones que impacten sus comunidades.
Asimismo, se subrayó la necesidad de que el Estado impulse el desarrollo económico respetando las actividades tradicionales, garantice recursos públicos administrados directamente por las comunidades y promueva la participación de las mujeres. En el caso de los pueblos afromexicanos, se enfatizó el reconocimiento de su identidad cultural, sus aportaciones históricas y su inclusión en registros oficiales, como parte de un proceso integral de justicia y visibilización.
