Toluca, EDOMEX.- En un paso considerado histórico para la protección de las libertades fundamentales, el Congreso del Estado de México aprobó una iniciativa impulsada por la titular del Ejecutivo estatal y la diputada Ruth Salinas, con la que se fortalece la seguridad, dignidad y reconocimiento de periodistas y personas defensoras de derechos humanos.
La medida representa un avance significativo para un gremio que, durante años, ha trabajado en condiciones de vulnerabilidad, muchas veces enfrentando riesgos, agresiones y falta de respaldo institucional. Con esta aprobación, se busca saldar una deuda pendiente del Estado con quienes, desde distintos frentes, informan, denuncian y acompañan causas sociales en beneficio de la ciudadanía.
El dictamen incorpora propuestas de Movimiento Ciudadano para la creación de protocolos específicos de reconocimiento y atención, con especial énfasis en sectores históricamente vulnerados, como pueblos indígenas, comunidades afromexicanas, personas de la diversidad sexual, migrantes y personas con discapacidad. Este enfoque incluyente marca un precedente en la construcción de políticas públicas más sensibles y equitativas.
La reforma también surge como respuesta a hechos recientes que evidenciaron la urgencia de estas medidas, como las agresiones contra reporteros durante la marcha del 2 de octubre en Toluca, donde elementos policiales fueron señalados por violencia y despojo de equipo. Bajo este nuevo marco, se busca evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse, garantizando condiciones seguras para el ejercicio periodístico.
Además, se destacó la inclusión de mecanismos para brindar acceso a seguridad social a quienes ejercen estas labores de manera independiente o sin cobertura laboral, un reconocimiento clave a la realidad del gremio. No obstante, se subrayó que esto no exime a empleadores de cumplir con sus obligaciones en materia de derechos laborales.
Desde la tribuna, se enfatizó que estos avances no deben entenderse como concesiones, sino como el cumplimiento de derechos constitucionales que durante mucho tiempo fueron ignorados. La aprobación de esta iniciativa abre una nueva etapa en la relación entre el Estado y quienes dedican su vida a informar y defender derechos.
Aún quedan retos por delante. Entre ellos, la próxima presentación de una iniciativa para crear un fondo equivalente al 5% del presupuesto anual destinado a comunicación social estatal, con el objetivo de impulsar la capacitación, profesionalización y desarrollo académico de periodistas.
