Toluca, EDOMEX.- El Congreso del Estado de México y las autoridades electorales iniciaron una etapa de coordinación institucional para preparar las condiciones que permitan la adecuada organización de la elección judicial prevista para 2028.
El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Legislatura mexiquense, Francisco Vázquez Rodríguez, sostuvo una reunión de trabajo con Amalia Pulido Gómez, presidenta del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM); Nereida Berenice Ávalos Vázquez, magistrada presidenta de la Sala Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y Arlen Siu Jaime Merlos, presidenta del Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM).
Durante el encuentro analizaron los alcances de las recientes reformas aprobadas a nivel federal y estatal para aplazar la elección judicial hasta el primer domingo de junio de 2028, así como los beneficios que esta determinación representa para la planeación y organización del proceso electoral.
Francisco Vázquez destacó que el nuevo calendario permitirá a las autoridades electorales contar con mayor tiempo para diseñar y fortalecer los mecanismos necesarios que garanticen una elección con certeza, legalidad, transparencia y máxima publicidad, además de favorecer una mejor coordinación entre las instituciones involucradas.
El legislador señaló que este periodo de preparación también contribuirá al fortalecimiento del sistema de justicia y permitirá revisar diversos aspectos técnicos y normativos para asegurar el correcto desarrollo de la elección judicial.
Asimismo, anunció que el Congreso mexiquense trabajará de manera conjunta con los organismos electorales para analizar temas derivados de la reforma y evaluar la viabilidad de realizar ajustes a la legislación local que permitan atender los nuevos retos que implica este proceso.
Cabe recordar que el pasado 29 de mayo la Legislatura estatal aprobó la minuta correspondiente para aplazar la elección judicial al año 2028. En este contexto, el Congreso cuenta con un plazo de 60 días naturales para realizar las adecuaciones necesarias a la Constitución local, así como 90 días naturales para armonizar las leyes secundarias relacionadas con esta reforma.
