Toluca, EDOMEX.- La LXII Legislatura del Estado de México exhortó al Órgano Superior de Fiscalización de la entidad (OSFEM) a realizar auditorías de cumplimiento y desempeño sobre los recursos públicos destinados a los 11 municipios con alertas de violencia de género por feminicidio y desaparición, con el propósito de verificar su aplicación y los resultados obtenidos.
La propuesta fue presentada por la diputada Sandra Patricia Santos Rodríguez, de Morena, con el respaldo de Ana Yurixi Leyva Piñón, del PT. El exhorto también solicita que el OSFEM informe los resultados de las revisiones a la Comisión de Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Feminicidio y Desaparición del Congreso estatal.
Para el ejercicio fiscal 2026 se asignaron 260 millones de pesos a estas acciones, de los cuales 210 millones son ejercidos directamente por los municipios de Chimalhuacán, Chalco, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Ixtapaluca, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Toluca, Tultitlán y Valle de Chalco. Los 50 millones restantes corresponden a la Secretaría de las Mujeres del gobierno estatal.
Desde tribuna, Patricia Santos señaló que se han identificado posibles subejercicios en algunas demarcaciones y falta de criterios para distinguir entre los municipios que cumplen con las acciones prioritarias y aquellos que presentan rezagos. Por ello, sostuvo que es necesario verificar que el dinero se destine a los programas previstos y evaluar su impacto real en la prevención y atención de la violencia contra las mujeres. Ana Yurixi Leyva aclaró que la revisión no busca cuestionar a los municipios, sino conocer sus metas y resultados.
La legisladora también destacó la reducción de los feminicidios en la entidad, al pasar de 156 casos en 2020 a 55 en 2025, mientras que durante los primeros nueve meses de 2026 se registraron 38. No obstante, advirtió que esta disminución no demuestra por sí misma que los recursos hayan sido ejercidos de manera efectiva, por lo que consideró indispensable contar con información objetiva sobre el dinero utilizado, las acciones realizadas y los resultados alcanzados en la protección de mujeres y niñas.
