Toluca, EDOMEX.– La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México y con apoyo de la Guardia Nacional, así como de las fiscalías de Guerrero y de la Ciudad de México, cumplimentó órdenes de aprehensión contra dos servidores públicos estatales, señalados por su probable participación en una red de extorsión contra propietarios de Centros de Verificación de Emisiones (Verificentros) y estaciones de servicio de combustible.
Los detenidos fueron identificados como Raúl “N”, quien se desempeñaba como Director General de Control de Emisiones Atmosféricas de la Secretaría del Medio Ambiente del Estado de México, y Carlos Eduardo “N”, Director de Control de Emisiones a la Atmósfera de la misma dependencia. El primero fue localizado y detenido en Acapulco, Guerrero, mientras que el segundo fue aprehendido en la Ciudad de México.
De acuerdo con las investigaciones de la FGJEM, diversas denuncias y actos de investigación permitieron establecer, de manera preliminar, que los ahora detenidos presuntamente formarían parte de una estructura integrada por servidores públicos, exservidores públicos y particulares, dedicada a exigir pagos ilegales a propietarios de verificentros a cambio de permitir la continuidad de sus operaciones.
La autoridad ministerial señala que, en algunos casos, los involucrados habrían utilizado sus atribuciones para realizar acciones encaminadas a afectar a los propietarios de concesiones e infraestructura, además de presuntamente amenazarlos con represalias si acudían ante las autoridades a denunciar los hechos.
Según la Fiscalía estatal, el esquema investigado habría generado recursos ilícitos por varias decenas de millones de pesos mensuales, principalmente mediante el cobro de cuotas para evitar el cierre de líneas de verificación, además de cantidades adicionales relacionadas con la revalidación de autorizaciones. Los pagos, de acuerdo con la investigación, habrían sido exigidos en efectivo y entregados en un domicilio previamente identificado por las autoridades.
La FGJEM informó que buscará contactar a otras posibles víctimas para que, en caso de haber sido afectadas, formalicen sus denuncias. La dependencia señaló que algunas personas no habrían acudido ante las autoridades por temor a posibles represalias, por lo que el número de víctimas y el monto de los recursos presuntamente obtenidos podrían aumentar conforme avance la investigación.
Las indagatorias permanecen abiertas y la Fiscalía estatal trabaja en la integración de nuevos elementos para solicitar las órdenes de aprehensión correspondientes contra otros posibles integrantes de esta estructura.
Los dos funcionarios detenidos serán puestos a disposición de la autoridad judicial, que determinará su situación jurídica. Su responsabilidad deberá ser establecida conforme avance el proceso legal y mediante una resolución judicial.
