*El TEEM acreditó violencia política contra la síndica de San Felipe del Progreso. Ahora el IEEM deberá determinar si también existió violencia política en razón de género, en un caso que pone a prueba el respeto a la legalidad y a los derechos de las mujeres en el servicio público.
Toluca, EDOMEX.- La resolución del Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM) marcó un precedente en San Felipe del Progreso al reconocer que la síndica Patricia Eugenia González Alcántara fue víctima de violencia política al enfrentar obstáculos sistemáticos para ejercer las funciones que la ley le confiere. El órgano jurisdiccional determinó como responsables al presidente municipal Jaime Torres Marín, así como al secretario del Ayuntamiento, al tesorero y al director de Administración, luego de que la funcionaria promoviera 31 juicios por la negativa de acceso a información pública indispensable para la supervisión del manejo de los recursos municipales.
De acuerdo con la síndica, durante meses le fue impedido consultar actas de Cabildo, presupuesto, cuenta pública, informes financieros, participaciones, expedientes de obra pública y nómina, información esencial para cumplir con su responsabilidad constitucional de vigilar la hacienda pública y proteger el patrimonio del municipio. A ello, aseguró, se sumó el retiro del personal asignado a su oficina, la eliminación del vehículo utilizado para sus actividades oficiales y la falta de herramientas básicas para desempeñar su trabajo, condiciones que, lejos de detenerla, evidenciaron un intento por limitar el ejercicio de un cargo de representación popular.
Aunque el TEEM ya confirmó la existencia de violencia política, el caso aún no concluye. El Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) mantiene abierta una investigación para determinar si las conductas denunciadas también constituyen violencia política contra las mujeres en razón de género, procedimiento que involucra al alcalde, integrantes del Cabildo y diversos funcionarios municipales. La resolución será determinante no sólo para garantizar los derechos políticos de la síndica, sino para dejar claro que ninguna autoridad puede utilizar el poder institucional para obstaculizar a quienes tienen la obligación legal de fiscalizar el uso de los recursos públicos. La aplicación firme de la ley será indispensable para fortalecer la democracia, combatir los abusos de poder y garantizar que ninguna mujer sea limitada en el ejercicio de un cargo público por cumplir con su deber.
