*La iniciativa del diputado Francisco Vázquez plantea que la renovación total del Poder Judicial mexiquense concluya en 2028 e incorpora nuevos mecanismos para la selección de candidaturas y la organización de los comicios judiciales.
La propuesta concentra buena parte del proceso de selección en una comisión coordinadora integrada por representantes de los comités de evaluación de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Este órgano establecería criterios únicos para evaluar a las personas aspirantes, supervisaría el cumplimiento de los requisitos y coordinaría la integración de las listas de candidaturas, las cuales deberán respetar la paridad de género y pasar por un proceso de insaculación antes de llegar a la etapa electoral.
Otro de los cambios relevantes plantea un nuevo mapa para la elección judicial mediante regiones y distritos judiciales electorales. Además, las boletas incluirían información sobre la especialidad de cada candidatura, el poder que la postuló y si la persona contendiente ocupa actualmente un cargo jurisdiccional, con el argumento de facilitar un voto más informado.
La iniciativa también redefine la forma en que se cubrirán las vacantes de jueces y magistrados, las reglas para solicitar licencias y la obligación de renunciar de manera definitiva para quienes aspiren a competir por un cargo judicial distinto. Asimismo, fortalece las atribuciones del Tribunal de Disciplina Judicial, que asumiría mayores responsabilidades en materia de evaluación, capacitación y vigilancia del desempeño de las personas juzgadoras.
En los artículos transitorios se establece que las y los juzgadores cuyo periodo concluía en 2027 permanecerán en funciones hasta 2028, cuando se realice la elección concurrente con el proceso judicial federal. Las personas electas rendirían protesta el 5 de septiembre de ese año y ejercerían el cargo durante un periodo de ocho años.
Con esta iniciativa, Morena busca ajustar el marco constitucional del Estado de México al nuevo modelo nacional de elección judicial. De ser aprobada, el Congreso mexiquense deberá adecuar la legislación secundaria en un plazo de 30 días, mientras que el Instituto Electoral del Estado de México tendrá que diseñar una nueva geografía electoral y organizar un proceso con reglas distintas a las aplicadas por primera vez en 2025.
