EDOMEX.- En busca de fortalecer los mecanismos de control, transparencia y protección de los recursos públicos municipales, el diputado Isaac Josué Hernández Méndez (PT) presentó ante la Diputación Permanente del Congreso del Estado de México la iniciativa impulsada por el legislador Javier Cruz Jaramillo (morena), la cual propone reforzar los requisitos para la designación y remoción de las personas titulares de las tesorerías municipales, además de establecer nuevas medidas de prevención ante posibles riesgos financieros.
Durante la sesión legislativa, Isaac Hernández dio lectura al proyecto de reforma a la Ley Orgánica Municipal, el cual plantea que el nombramiento y la remoción de los tesoreros municipales requieran el voto de las dos terceras partes de los integrantes del cabildo. Asimismo, contempla evaluaciones de control de confianza, dictámenes de idoneidad técnica emitidos por el Instituto Hacendario del Estado de México, la presentación de declaraciones patrimoniales y fiscales, así como comparecencias públicas para exponer su perfil profesional y plan de trabajo.
La propuesta también establece un régimen de corresponsabilidad para las autoridades municipales que, por acción u omisión, autoricen nombramientos con dolo, conflicto de interés o negligencia grave que puedan poner en riesgo el patrimonio municipal. Además, incorpora medidas cautelares como la separación provisional del cargo cuando existan irregularidades financieras relevantes, sin prejuzgar responsabilidades, garantizando siempre el debido proceso.
Otro de los aspectos relevantes de la iniciativa es la creación de la figura de una persona encargada del despacho de la Tesorería Municipal, quien asumiría temporalmente las funciones en caso de separación o remoción del titular, asegurando la continuidad administrativa y evitando afectaciones al manejo de los recursos públicos, aunque con facultades limitadas para impedir decisiones que comprometan el patrimonio del municipio.
De acuerdo con la exposición de motivos, la propuesta busca consolidar un modelo preventivo que fortalezca la gobernanza financiera de los ayuntamientos, proteja la hacienda pública y otorgue mayor certeza en el manejo de los recursos municipales. De ser aprobada por el Pleno, las nuevas disposiciones entrarían en vigor el 1 de enero de 2028 y serían aplicables a las personas designadas a partir del inicio de la próxima administración municipal.
