*Exigen a gobernadora Delfina Gómez supervisar de manera urgente la operación de los servicios de salud en el Estado de México
Toluca, Estado de México.- La confianza de una ciudadana en las campañas de salud impulsadas por el gobierno estatal terminó convirtiéndose en una experiencia preocupante que hoy genera cuestionamientos sobre los controles sanitarios en el Estado de México.
Irma Bravo relató que el pasado jueves, durante la inauguración de las actividades relacionadas con el Mundial, acudió a un módulo de vacunación instalado en el centro de Toluca, donde decidió aplicarse la vacuna contra el neumococo. Antes de recibir la dosis, preguntó al personal médico sobre posibles reacciones, recibiendo como respuesta que únicamente podría presentar calor en el brazo, dolor moderado e incluso algo de fiebre.
Sin embargo, horas después comenzaron las complicaciones
La misma noche de la aplicación, el área donde recibió la vacuna se inflamó considerablemente y el dolor se intensificó. Lejos de mejorar con el paso de los días, los síntomas se agravaron. Hasta este martes, el enrojecimiento sigue extendido, presenta una apariencia similar a una quemadura, además de intensa comezón y dolor persistente.
Preocupada por la situación, acudió a valoración médica. Según su testimonio, el especialista le señaló que la reacción podría estar relacionada con una vacuna presuntamente caducada desde hace varios días. Asimismo, le indicó que por el momento no existe un tratamiento específico y que deberá esperar a que el organismo absorba el líquido aplicado, recomendándole buscar una segunda opinión médica si las molestias continúan.
Ante esta situación, Irma Bravo manifestó su indignación y advirtió que, de persistir las afectaciones, presentará una denuncia formal para que se investigue lo ocurrido.
«Confié en el sector salud y por eso me vacuné. Uno acude pensando que le van a ayudar y termina perjudicado. No podemos permitir que esto le esté pasando a más personas», expresó.
La ciudadana cuestionó además las prioridades del gobierno estatal, señalando que mientras se destinaron millones de pesos a actividades relacionadas con el Mundial de Futbol, persisten graves deficiencias en áreas fundamentales como la salud pública.
«Para algunas cosas sí hay recursos y se gastan millones, pero para garantizar medicamentos, equipamiento y supervisión parece que no. Nos tienen sumergidos en la desconfianza. Ya no sabemos si acudir a los servicios públicos nos ayudará o nos perjudicará. Salió más caro el caldo que las albóndigas», lamentó.
El caso revive las críticas hacia el sistema de salud mexiquense y plantea una nueva exigencia para la administración de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, a quien ciudadanos demandan una revisión profunda de los procesos de control, almacenamiento y aplicación de medicamentos y vacunas.
Para diversos sectores, los problemas en el sistema de salud estatal no concluyeron con la salida de Macarena Montoya Olvera. A los constantes señalamientos por desabasto de medicamentos, largas esperas para recibir atención médica y las difíciles condiciones laborales que enfrenta el personal sanitario, ahora se suma este caso de una presunta vacuna caducada.
La preocupación aumenta porque no se trata de un hecho aislado. Hace apenas unas semanas se hizo público el caso de una perrita que murió tras ser sometida a una cirugía durante una campaña de esterilización organizada por el sector salud. La familia denunció entonces presuntas condiciones inadecuadas en las que se realizaron los procedimientos, situación que provocó indignación entre la población.
Tanto en aquel caso como en el de Irma Bravo existe un elemento común, ciudadanos que decidieron otorgar un voto de confianza a las instituciones públicas y terminaron enfrentando consecuencias que hoy exigen respuestas.
Por ello, crecen las voces que demandan una investigación exhaustiva para determinar si existieron irregularidades en la conservación y aplicación de vacunas, así como una supervisión permanente de los servicios de salud estatales.
La salud pública no puede depender de la suerte ni de la buena voluntad de los usuarios. Lo ocurrido obliga a las autoridades a actuar con transparencia, esclarecer los hechos y garantizar que ninguna persona vuelva a enfrentar riesgos por posibles fallas que debieron prevenirse desde el propio sistema de salud.
