Toluca, EDOMEX.- La falta de acuerdos y la creciente tensión política entre municipios volvió a exhibirse en la LXII Legislatura del Estado de México, donde autoridades de Santa Cruz Atizapán, Almoloya del Río y Tianguistenco rechazaron resolver por la vía amistosa sus conflictos limítrofes sobre terrenos que antiguamente formaban parte de la Laguna de Chignahuapan.
Lejos de construir consensos, las partes endurecieron posturas y trasladaron nuevamente el conflicto al terreno legal y técnico, prolongando una disputa que mantiene incertidumbre territorial y administrativa para habitantes de la región.
Durante la reunión de trabajo de la Comisión de Límites Territoriales del Estado de México y sus Municipios, encabezada por el diputado Román Francisco Cortés Lugo, junto con la legisladora María José Pérez Domínguez y el diputado Ernesto Santillán Ramírez, se insistió en que el proceso se desarrolla bajo criterios técnicos, jurídicos e imparciales; sin embargo, las intervenciones de las autoridades municipales dejaron claro que la conciliación sigue lejos de concretarse.
El alcalde de Santa Cruz Atizapán, Emilio Salas Perea, acusó que otros municipios realizan actos de gobierno y administrativos en el polígono reclamado, situación que —dijo— afecta la paz social en la zona. En contraparte, el presidente municipal de Almoloya del Río, Óscar Galán Flores, sostuvo que aunque Santa Cruz Atizapán surgió históricamente con parte del territorio almoloyense, el área actualmente en disputa jamás le perteneció y adelantó que presentarán pruebas para sostener su postura.
A la confrontación se sumó la alcaldesa de Tianguistenco, Erika Patricia Olea de la Torre, quien afirmó que el conflicto sí afecta a su municipio y exigió continuar el procedimiento formal, además de solicitar inspecciones de campo para demostrar las afectaciones territoriales. Ante el evidente rechazo a cualquier acuerdo amistoso, la comisión legislativa determinó continuar con el procedimiento legal y notificar formalmente a las partes sobre las siguientes etapas y plazos.
En paralelo, la comisión aprobó colaborar con el Instituto Nacional Electoral para la delimitación territorial y reconocimiento de zonas de conurbación y colindancia de 43 municipios mexiquenses, una muestra de que los conflictos limítrofes siguen acumulándose en diversas regiones del estado sin soluciones definitivas. Para ello, la Legislatura buscará decretos históricos y bases documentales en la biblioteca legislativa “José María Luis Mora” y, de ser necesario, solicitará apoyo del Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México.
La jornada legislativa también exhibió otras pugnas territoriales y reclamos de abandono institucional. Habitantes de Santiago Yeche, en Jocotitlán, insistieron en crear un nuevo municipio para preservar su identidad mazahua y gestionar de manera independiente su desarrollo. No obstante, la alcaldesa Leilani Aylin López González aseguró que no cumplen con requisitos básicos como población suficiente, infraestructura y recursos económicos para sostener una nueva municipalidad.
Otro de los casos más polémicos fue el de Teacalco, comunidad perteneciente a Temascalapa, cuyos promotores denunciaron décadas de abandono gubernamental en seguridad, salud, educación e infraestructura. Incluso plantearon que, de obtener autonomía municipal, buscarían participar en la administración del Centro de Almacenamiento de Desechos Radiactivos ubicado en la región. Sin embargo, el representante legal del ayuntamiento, Jesús Martínez López, aseguró que la petición carece de sustento legal y recordó que Teacalco perdió la categoría de municipio en el siglo XIX precisamente por no contar con recursos suficientes para sostenerse.
Mientras tanto, representantes de Axapusco y Teotihuacán señalaron que no se opondrían a una nueva demarcación siempre y cuando no se afecten sus territorios.
Finalmente, la comisión avaló inspecciones técnicas en las zonas limítrofes entre Tianguistenco y Ocuilan para revisar las comunidades de La Lagunilla y San Bartolo, además de admitir pruebas en nueve diferendos territoriales que involucran a 13 municipios mexiquenses. El escenario deja en evidencia que, más allá de los discursos institucionales, persiste una marcada incapacidad política para construir acuerdos territoriales que eviten conflictos prolongados entre ayuntamientos.
