*El síndico Antonio García Pérez y la primera regidora María del Rosario Franco Barrera acusan presuntas irregularidades en la nómina, nepotismo, conflicto de interés y violencia política de género; los señalamientos ya fueron presentados ante las autoridades correspondientes.
Toluca, EDOMEX.— El síndico municipal Antonio García Pérez y la primera regidora María del Rosario Franco Barrera denunciaron públicamente a la presidenta municipal, María Guadalupe Franco Cruz, y a su esposo, José Luis García Guzmán, presidente honorífico del DIF municipal, por una serie de presuntas irregularidades y actos que, aseguran, han obstaculizado el ejercicio de sus funciones dentro del Ayuntamiento. Los ediles señalaron que mantienen nueve denuncias administrativas y una solicitud de auditoría especial ante el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), relacionadas con posibles anomalías en la nómina, vínculos familiares, conflicto de interés y presunta violencia política en razón de género.
Uno de los principales señalamientos se concentra en la nómina municipal, donde, de acuerdo con la información expuesta por los denunciantes, fueron detectados 184 movimientos por un monto superior a 1.4 millones de pesos, mismos que se encuentran bajo revisión. Entre las observaciones destaca un posible caso de nepotismo y conflicto de intereses, es decir hay personas que presuntamente son familiares o tienen algún vínculo con la alcaldesa María Guadalupe Franco Cruz. También se cuestiona la existencia de trabajadores que, según los denunciantes, formarían parte de la nómina pese a no acudir regularmente a laborar.
A estas acusaciones se suma el señalamiento de la primera regidora por presunta violencia política en razón de género en contra de la presidenta municipal y de su esposo, José Luis García Guzmán. Franco Barrera afirmó que ambos se han dirigido hacia ella con expresiones inapropiadas y ofensivas, y señaló particularmente al presidente del DIF por dirigirse a ella con palabras como “no sirves para regidora, mejor vete a tu casa”. La regidora también denunció que el pasado 14 de febrero fue cambiada, sin explicación alguna, la chapa de su oficina, situación que consideró una acción encaminada a obstaculizar el desempeño de sus funciones.
Mientras que el síndico Antonio García Pérez denunció que la falta de documentación relacionada con el Presupuesto de Egresos 2025 habría limitado el ejercicio de sus atribuciones. Ambos integrantes del Cabildo sostienen que las situaciones denunciadas no se limitan a diferencias políticas, sino que requieren una revisión formal de las autoridades competentes para determinar si existieron actos de nepotismo, conflicto de interés, irregularidades administrativas o un manejo indebido de recursos públicos.
Las nueve denuncias administrativas y la solicitud de auditoría especial ante el OSFEM las han hecho llegar a las instancias correspondientes y serán ellas quienes determinen la responsabilidad.
