Toluca, EDOMEX.- El Congreso mexiquense aprobó la eliminación de la prisión vitalicia del Código Penal estatal, una decisión que marca un cambio relevante en la política criminal de la entidad al sustituirla por una pena máxima de hasta 70 años de prisión.
La reforma, impulsada por la diputada Sofía Martínez Molina y la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, responde a criterios constitucionales y de derechos humanos que cuestionan la legalidad de las sanciones perpetuas.
De acuerdo con el dictamen aprobado, la prisión vitalicia implicaba la privación absoluta de la libertad sin posibilidad de revisión, lo que eliminaba cualquier expectativa de reinserción social y convertía la pena en un castigo estrictamente retributivo.
El Congreso retomó los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha establecido que las penas deben permitir evaluar la evolución de las personas sentenciadas y contemplar su eventual reintegración a la sociedad.
En ese sentido, la reforma busca armonizar la legislación estatal con el principio de reinserción social previsto en la Constitución, así como con el principio de proporcionalidad de las penas.
Durante la discusión, la diputada Sofía Martínez Molina subrayó que la medida no debilita la respuesta del Estado frente a delitos graves, sino que fortalece un sistema de justicia más equilibrado y respetuoso de la dignidad humana.
Aunque desaparece la figura de prisión vitalicia, el nuevo tope de hasta 70 años de cárcel mantiene sanciones elevadas para delitos de alto impacto como homicidio calificado, feminicidio, violación y robo con resultado de muerte.
El dictamen precisa que en los casos donde ya se haya impuesto prisión vitalicia, las autoridades judiciales deberán revisar las sentencias para ajustarlas al nuevo marco legal, conforme al grado de culpabilidad en cada caso.
Especialistas advierten que la medida obligará a fortalecer los mecanismos de reinserción social dentro del sistema penitenciario, ya que el nuevo enfoque exige no sólo castigar, sino generar condiciones reales para la rehabilitación de las personas privadas de la libertad.
Asimismo, la reforma abre un debate social sobre el equilibrio entre castigo y derechos humanos, particularmente en un contexto donde la demanda ciudadana suele inclinarse por sanciones más severas.
Con esta decisión, el Estado de México se suma a la tendencia jurídica que rechaza las penas perpetuas por considerarlas incompatibles con los principios constitucionales.
La eliminación de la prisión vitalicia no sólo modifica el Código Penal, sino que redefine el enfoque del sistema de justicia estatal: mantener la firmeza ante el delito, pero sin cerrar la puerta a la reinserción social.
