Toluca, EDOMEX.- El Congreso del Estado de México dio un paso decisivo en el combate a la extorsión con la aprobación de una nueva ley local y la creación de instancias especializadas que permitirán perseguir este delito de manera más eficaz, aun cuando las víctimas no denuncien por temor.
El diputado José Francisco Vázquez Rodríguez, presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXII Legislatura, explicó que la recién aprobada Ley para Prevenir, Atender y Combatir los Delitos en Materia de Extorsión fortalece la actuación institucional frente a este ilícito, al armonizar el marco jurídico estatal con la legislación federal vigente.
Precisó que, aunque la figura de la extorsión se derogó del Código Penal del Estado de México, el delito continuará castigándose conforme a la ley general en la materia, garantizando sanciones claras y homologadas a nivel nacional.
Uno de los cambios más relevantes, destacó, es que la extorsión —incluido el llamado cobro de piso— será perseguida de oficio. Esto permitirá a las autoridades iniciar investigaciones sin necesidad de que la víctima ratifique la denuncia, una barrera común derivada del miedo o la desconfianza hacia las instituciones.
Como parte de esta estrategia integral, la ley contempla la creación de la Fiscalía Central Especializada en Combate a los Delitos de Extorsión, Delitos Vinculados y Secuestro, así como del Centro Estatal de Atención a Denuncias por el Delito de Extorsión, con el objetivo de brindar atención especializada, dar seguimiento puntual a los casos y reducir la llamada “cifra negra” de delitos no denunciados.
Vázquez Rodríguez recordó que esta reforma responde a la Estrategia Nacional contra la Extorsión presentada por el Gabinete de Seguridad Federal en 2025 y a la reforma constitucional que facultó al Congreso de la Unión para expedir una ley general que homologue este delito en todo el país.
Tras la entrada en vigor del decreto, subrayó, se activan plazos concretos para su implementación: la instalación del Consejo Estatal de Prevención y Combate a la Extorsión en un máximo de 60 días; la puesta en marcha de la estrategia estatal en 180 días; la operación de la fiscalía especializada en 45 días hábiles; y la inhibición de llamadas desde centros penitenciarios en un plazo de 150 días hábiles.
Finalmente, el legislador de morena afirmó que estas acciones reflejan la coordinación entre el Poder Legislativo, el Ejecutivo estatal y el gobierno federal, con un objetivo claro: proteger a las familias y a las unidades económicas del Estado de México y reducir de manera sostenida la incidencia de la extorsión en la entidad.
