EDOMEX.- El Congreso del Estado de México dio un paso decisivo en la protección de la integridad digital al aprobar sanciones de hasta cinco años de prisión para quienes generen o difundan contenido sexual manipulado con inteligencia artificial. La medida, firme y contundente, busca frenar el avance de los llamados deepfakes, una práctica que vulnera la dignidad y privacidad de las personas.
La reforma, impulsada por el diputado Elías Rescala Jiménez y la legisladora Lilia Urbina Salazar, ambos del PRI, establece también multas de hasta 500 Unidades de Medida y Actualización, equivalentes a 56 mil 570 pesos. Con ello, la LXII Legislatura responde al creciente desafío que representa la tecnología cuando es utilizada con fines de daño y explotación.
En tribuna, la proponente advirtió que el acelerado progreso tecnológico abrió brechas legales que han permitido nuevas formas de violencia digital. Recordó que la IA, antes vista como una herramienta de apoyo, ahora tiene la capacidad de crear imágenes, voces y videos con apariencia real, equiparables con la identidad de cualquier persona, lo que exige una regulación robusta y oportuna.
El dictamen aprobado actualiza el Código Penal estatal para castigar a quien utilice inteligencia artificial con el fin de manipular contenido íntimo sexual y generar hechos falsos de apariencia auténtica. La sanción aplica para quienes almacenen, distribuyan, exhiban, comercialicen o compartan estos materiales sin el consentimiento expreso y genuino de la víctima.
La reforma contempla todos los medios de difusión: desde impresos y correos electrónicos, hasta mensajes telefónicos y redes sociales. La intención es cerrar cualquier resquicio tecnológico que permita la circulación de material íntimo no autorizado, sin importar la plataforma utilizada.
Finalmente, el texto legal define la IA como cualquier herramienta capaz de analizar imágenes, audios o videos para efectuar alteraciones automáticas, dejando claro que cualquier manipulación de este tipo será considerada un delito. Con esta determinación, el Congreso mexiquense envía un mensaje claro: la tecnología no puede ser un vehículo para la violencia, y quien la utilice con ese fin enfrentará consecuencias severas.
