- Esta acción podría tipificarse como delito según el Código Penal del Edoméx
Toluca, Méx., 16 de septiembre de 2025.- En un hecho que ha despertado indignación ciudadana, el regidor de Movimiento Ciudadano, Luis Felipe García, avaló el cierre ilegal de una calle que conecta a Jesús Carranza con Cristóbal Colón, pese a que la Ley Orgánica Municipal es clara: ninguna vialidad pública puede bloquearse por decisión de particulares.
El funcionario, lejos de defender la legalidad y los derechos colectivos, se colocó del lado de un grupo de vecinos que instalaron un zaguán metálico para impedir el paso, generando molestia y división entre la comunidad. Mientras algunos colonos aseguran que buscan mayor seguridad, otros acusan que esta acción vulnera el derecho al libre tránsito y sienta un precedente peligroso para la convivencia ciudadana.
La intervención del regidor ha sido duramente cuestionada por sectores sociales y políticos, que lo señalan de actuar con intereses particulares y hasta de usar el conflicto con fines electorales rumbo a 2027.
El doctor en Derecho Agustín Flores Jaimes advirtió que ningún cierre puede realizarse sin autorización del Cabildo ni estudios técnicos de movilidad y seguridad. En este caso, dijo, se incumplieron todos los requisitos. “Este tipo de actos, sin la debida autorización, podrían ser considerados una afectación a las vías de comunicación”, puntualizó.
Más aún, recordó que el artículo 191 del Código Penal del Estado de México sanciona los actos que impidan el libre tránsito, lo que convierte esta acción en un posible delito. “La ley debe respetarse independientemente del color o partido de quien ejerza el cargo”, recalcó.
Vecinos inconformes exigieron a las autoridades municipales reabrir de inmediato la calle y garantizar el acceso a todos, sin privilegios ni excepciones. Asimismo, hicieron un llamado enérgico para que el regidor de Movimiento Ciudadano abandone la política de ocurrencias y se apegue a la legalidad, fortaleciendo el Estado de Derecho en Toluca.
La indignación crece: mientras la ciudadanía exige soluciones reales a la inseguridad y mejores servicios, un representante popular elige respaldar actos ilegales que atentan contra los derechos colectivos.
