Toluca, Estado de México.– Durante el primer trimestre de 2026, el Congreso del Estado de México avanzó en una serie de reformas clave orientadas a fortalecer la seguridad pública, mejorar la procuración de justicia y garantizar una mayor protección a las víctimas en la entidad.
En este periodo, la LXII Legislatura del Estado de México aprobó modificaciones al marco constitucional para ampliar las facultades de la Secretaría de Seguridad y de las corporaciones policiales estatales y municipales, permitiéndoles participar en la investigación de delitos bajo la conducción del Ministerio Público. Asimismo, se reforzó la operación de las mesas de paz como espacios de coordinación estratégica y respuesta inmediata.
En materia de combate a la delincuencia, el Congreso expidió una nueva ley para prevenir, atender y sancionar la extorsión, con especial énfasis en el llamado “cobro de piso”. Esta conducta ahora se perseguirá de oficio, alineándose con la legislación general en la materia. Además, se establecieron medidas en centros penitenciarios para inhibir comunicaciones ilícitas mediante el uso de tecnologías que bloqueen señales de telefonía y transmisión de datos.
Respecto a la atención a víctimas, se creó el Juzgado LIBRE (Libertad, Igualdad, Bienestar, Redes y Emancipación), especializado en la emisión de órdenes de protección en casos de violencia de género, con el objetivo de brindar respuestas inmediatas y efectivas.
De igual forma, se tipificaron nuevas conductas delictivas como la violencia vicaria —con sanciones de hasta ocho años de prisión— y la violencia digital, incorporando mecanismos urgentes para salvaguardar la integridad de las personas afectadas. También se fortalecieron las acciones de búsqueda de personas desaparecidas mediante una mayor coordinación entre autoridades.
En el ámbito judicial, las reformas contemplan la nulidad de juicios concluidos cuando se compruebe que fueron obtenidos mediante fraude o pruebas falsas, así como la implementación de tribunales de alzada integrados por una sola magistratura, con el fin de agilizar la impartición de justicia.
