México.- En un hecho que evidencia la fragilidad del Estado mexicano frente al crimen organizado, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) anunció la suspensión de sus actividades laborales en al menos 18 entidades del país, tras una jornada marcada por narcobloqueos, violencia y control territorial por parte de grupos delictivos. La medida, lejos de ser rutinaria, revela un escenario alarmante: regiones enteras donde la autoridad ha sido rebasada y la seguridad pública parece haber cedido ante el poder criminal.
La decisión del tricolor alcanza a estados estratégicos como Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Estado de México y Veracruz, entre otros, donde los hechos recientes han encendido focos rojos. El propio partido reconoce, implícitamente, que en amplias zonas —hasta un 70% del territorio nacional según el comunicado— el crimen organizado ha impuesto condiciones, obligando incluso a las estructuras políticas a replegarse. Este panorama no solo cuestiona la capacidad operativa de las autoridades, sino que exhibe una crisis de gobernabilidad que no puede minimizarse.
