Toluca, EDOMEX.- Con el objetivo de fortalecer la confianza en el sistema de justicia y frenar prácticas indebidas dentro del ejercicio legal, el diputado Octavio Martínez Vargas, de Morena, propuso una reforma para sancionar con mayor severidad la abogacía fraudulenta en el Estado de México.
La iniciativa contempla penas de dos a cinco años de prisión, además de multas económicas, suspensión profesional e incluso la inhabilitación definitiva en casos de reincidencia, para quienes incurran en actos simulados, engañosos o ilegales durante procesos judiciales. La propuesta busca cerrar vacíos legales que actualmente permiten que ciertas conductas queden sin castigo, afectando tanto a los justiciables como a la credibilidad del gremio jurídico.
El legislador advirtió que existen prácticas que vulneran directamente la impartición de justicia, como la presentación de pruebas falsas, el uso de testigos inexistentes, la promoción de recursos improcedentes para retrasar juicios o la alteración de documentos oficiales. Estas acciones, señaló, no solo generan impunidad, sino que también deterioran la imagen de las y los profesionales del derecho que sí actúan con ética.
Asimismo, se plantea sancionar a quienes aconsejen a sus clientes mentir, ocultar información o fabricar elementos probatorios, así como a quienes simulen actos jurídicos o promuevan litigios sin sustento legal. La reforma también incluye castigos para quienes obstaculicen procesos de manera deliberada mediante estrategias ilegales.
Octavio Martínez subrayó que la intención no es criminalizar la labor de la abogacía, sino protegerla frente a la competencia desleal y garantizar que se ejerza con responsabilidad. En ese sentido, destacó que actualmente el Código Penal estatal contempla sanciones menores, por lo que resulta necesario actualizarlas ante la gravedad de estas conductas.
Finalmente, el diputado alertó sobre la urgencia de atender este problema, al señalar que un porcentaje significativo de personas privadas de la libertad ha enfrentado procesos con una defensa inadecuada, lo que evidencia la necesidad de reforzar los mecanismos legales para asegurar una representación jurídica ética y efectiva.
