Toluca, EDOMEX.- Con la voz entrecortada y el corazón lleno de esperanza, Carmen pronunció palabras que resonaron más allá de los muros del Palacio de Justicia: “Sentimos que la justicia por fin alcanzó a nuestros pueblos indígenas”.
Su esposo, Tomás, integrante de la comunidad otomí, recuperó su libertad gracias a la amnistía concedida por la Sala de Asuntos Indígenas del Poder Judicial del Estado de México, marcando un momento que no solo transforma una vida, sino que envía un mensaje poderoso de dignidad y reparación histórica.
La resolución fue emitida por la Sala de Asuntos Indígenas del Poder Judicial del Estado de México durante una sesión extraordinaria pública celebrada en el Salón de Plenos del Palacio de Justicia, ante la presencia de representantes de los tres poderes del estado. Entre ellos, el Magistrado Presidente Héctor Macedo García; la diputada Martha Azucena Camacho Reynoso; el diputado José Francisco Vázquez Rodríguez; el ombudsperson Víctor Leopoldo Delgado Pérez, y José Carlos Neira Cruz, en representación del Ejecutivo estatal.
Un fallo con perspectiva intercultural
Tomás había sido sentenciado en 2014 por homicidio. Sin embargo, años después se acreditaron graves irregularidades en su proceso: ausencia de traducción adecuada a su lengua materna, falta de asesoría jurídica con perspectiva intercultural y condiciones de pobreza, rezago educativo y marginación que limitaron su comprensión del proceso penal.
La Sala, presidida por la magistrada Erika Castillo Vega e integrada por las magistradas Verónica Carrillo Carrillo y María Rosalba Briseño Alvarado, así como los magistrados Arturo Márquez González y Lawrence Eliseo Serrano Domínguez, votó por unanimidad tras confirmar el cumplimiento de los requisitos legales: pertenencia comunitaria acreditada, inexistencia de reincidencia, reparación del daño y realización de actividades sustitutivas.
Este es el tercer caso en que la Sala concede amnistía a un integrante de un pueblo originario, consolidando un precedente que busca equilibrar una balanza históricamente inclinada en perjuicio de las comunidades indígenas.
Justicia que reconoce desigualdades
Durante décadas, los pueblos originarios enfrentaron barreras estructurales para acceder a la justicia: idioma, discriminación, pobreza y falta de asesoría adecuada. La resolución no borra el pasado, pero sí reconoce que el sistema puede y debe corregir sus propias fallas.
El Magistrado Presidente destacó que este fallo refleja la coordinación entre los poderes del Estado para convertir la Ley de Amnistía en una herramienta real y no simbólica. Por su parte, el ombudsperson subrayó que el enfoque intercultural, de género e interseccional permite garantizar que la justicia sea verdaderamente accesible para los sectores más vulnerables.
Más allá de tecnicismos jurídicos, la escena que quedará grabada es la de una familia que vuelve a abrazarse. La libertad de Tomás no es solo un beneficio individual: representa un paso hacia la reparación de desigualdades históricas y un mensaje claro de que la justicia también puede tener sensibilidad social.
Hoy, para una comunidad otomí, la justicia no fue una palabra lejana en español incomprensible. Fue una resolución entendida, escuchada y sentida. Y eso, en sí mismo, es un logro profundo.
