Toluca, EDOMEX.- La maternidad subrogada debe colocarse en el centro de la agenda legislativa con una mirada humana, jurídica y social. Así lo plantearon las diputadas Joanna Alejandra Felipe Torres (PAN) y Ana Yurixi Leyva Piñón (PT) durante el foro “Vientres de Alquiler: ¿Negocio, explotación o derecho?”, realizado en el Congreso del Estado de México, donde coincidieron en que la falta de regulación clara puede abrir la puerta a abusos y vulneraciones a la dignidad de mujeres, niñas y niños.
El tema no es menor. De acuerdo con datos de las Naciones Unidas, esta práctica fue valorada en 14 mil 950 millones de dólares en 2023, lo que evidencia que no solo se trata de un fenómeno social, sino también de un mercado en expansión que exige respuestas responsables del Estado.
Durante el encuentro, las legisladoras subrayaron que mientras en Tabasco y Sinaloa la práctica está permitida, en Querétaro, Coahuila y San Luis Potosí se prohíbe o no se reconocen estos acuerdos, lo que genera un mosaico legal desigual en el país y deja zonas grises que pueden propiciar explotación.
Joanna Felipe Torres sostuvo que el objetivo no es criminalizar la reproducción asistida, sino construir un marco normativo sólido, sustentado en evidencia científica, jurídica y empírica. “El deseo legítimo de formar una familia es válido, pero no puede concretarse bajo esquemas de mercado que vulneren la dignidad humana”, afirmó.
Por su parte, Ana Yurixi Leyva Piñón, presidenta de la Comisión de Declaratorias de Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres por Feminicidio y Desaparición, enfatizó que la gestación subrogada cruza dimensiones complejas: derechos humanos, autonomía reproductiva, interés superior de la niñez y riesgos de explotación en contextos de vulnerabilidad. Señaló que ignorar la realidad no la desaparece, por lo que es indispensable un debate informado y con perspectiva de derechos humanos.
Voces diversas, una misma preocupación
El foro reunió a representantes de organizaciones civiles, academia, sector público y ciudadanía. Valeria González Ruiz, de Early Institute, presentó el documento “La Explotación reproductiva en México”, donde advierte que la práctica puede convertirse en un esquema de comercialización de bebés y explotación del cuerpo de la mujer gestante bajo una lógica de mercado.
En contraste, Sofía Pérez Romero, directora de Cibeles Abogados, consideró que el término “vientres de alquiler” resulta estigmatizante y defendió el uso de “gestación por sustitución”, subrayando la necesidad de contratos claros, consentimiento libre e informado y garantías para todas las partes involucradas.
Desde la bioética, Marco Antonio García Triñaque señaló que antes de legislar es fundamental definir qué concepto de dignidad humana sustenta la norma, pues ninguna legislación es neutral cuando se trata del origen de la vida y la filiación.
El encuentro contó también con la participación de Ingrid Krasopani Schemelensky Castro, de la Secretaría de las Mujeres del PAN mexiquense; Alejandra Villavicencio Robles, presidenta del DIF de Otzolotepec; estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de México, campus Cuautitlán Izcalli, y personas servidoras públicas municipales.
Un debate que interpela a la sociedad
Más allá de posturas encontradas, el foro dejó claro que la maternidad subrogada no puede reducirse a consignas ni simplificaciones. Implica hablar de dignidad, autonomía, pobreza, deseo de maternidad y paternidad, mercado, derechos de la infancia y responsabilidad del Estado.
El reto para el Congreso mexiquense será avanzar hacia una regulación que no cierre los ojos ante la realidad, pero que tampoco permita que la necesidad económica de algunas mujeres o el anhelo legítimo de formar una familia se conviertan en terreno fértil para la explotación.
El debate apenas comienza, pero la exigencia es clara: colocar la dignidad humana en el centro de cualquier decisión.
