EDOMEX.- Con un mensaje firme y sin ambigüedades, la LXII Legislatura del Estado de México respaldó reformas constitucionales clave para fortalecer la seguridad pública y cerrar el paso a la impunidad. Durante el primer periodo ordinario de su segundo año de ejercicio constitucional, del 5 de septiembre al 18 de diciembre de 2025, el Congreso mexiquense avaló cambios de fondo que refuerzan el control parlamentario sobre la Guardia Nacional y consolidan un marco jurídico homogéneo para combatir la extorsión en todo el país.
En su calidad de parte del Constituyente Permanente, la Legislatura mexiquense aprobó la reforma constitucional que faculta al Senado de la República para ratificar los nombramientos de las jefaturas superiores de la Guardia Nacional realizados por el Ejecutivo federal. Esta medida robustece la transparencia, la rendición de cuentas y el equilibrio de poderes en una de las áreas más sensibles del Estado mexicano: la seguridad pública. Además, la reforma incorpora lenguaje inclusivo en los artículos 76 y 78 de la Constitución federal, reafirmando el compromiso institucional con una normatividad moderna y representativa.
De igual manera, el Congreso local avaló la minuta que otorga al Congreso de la Unión la facultad de expedir la Ley General contra la Extorsión, un paso decisivo para enfrentar uno de los delitos que más afectan a la ciudadanía. Esta reforma permitirá la persecución de oficio de la extorsión, la homologación de penalidades y agravantes en todo el territorio nacional, así como una coordinación más eficaz entre la Federación y las entidades federativas.
El dictamen, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, busca erradicar la fragmentación jurídica que ha obstaculizado la procuración e impartición de justicia, y que durante años ha sido aprovechada por la delincuencia organizada para operar con ventaja.
Ambas reformas fueron aprobadas conforme al estricto procedimiento establecido en el Artículo 135 constitucional, que exige mayorías calificadas para salvaguardar la estabilidad de la Carta Magna. Con estas decisiones, la LXII Legislatura mexiquense refrenda su papel activo y responsable en la construcción de un país más seguro, con instituciones sólidas, leyes claras y un Estado decidido a enfrentar el crimen con determinación y legalidad.
