Toluca, Estado de México.– En un hecho histórico que coloca al Estado de México como referente nacional en materia de vivienda, el Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez, a través del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (Imevis), firmó un convenio de colaboración con el Fondo de la Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE), con el objetivo de otorgar certeza jurídica a las familias trabajadoras que ya han liquidado sus créditos hipotecarios
Este acuerdo permitirá regularizar y registrar las viviendas de más de seis mil derechohabientes, brindando facilidades administrativas y tarifas preferenciales que representan un apoyo directo a la economía familiar, especialmente para personas de bajos recursos.
Con este esfuerzo interinstitucional, el Imevis y el FOVISSSTE simplificarán los trámites de cancelación de hipotecas de viviendas adquiridas mediante créditos FOVISSSTE, al agilizar la obtención de cartas de instrucción para notarios públicos y documentos notariales de cancelación que se inscribirán ante el Instituto de la Función Registral del Estado de México (IFREM).
El Director General del Imevis, Alejandro Tenorio Esquivel, subrayó que el convenio representa “un paso firme para garantizar seguridad patrimonial, ordenamiento territorial y bienestar social a las familias mexiquenses”.
Por su parte, la Vocal Ejecutiva del FOVISSSTE, Jabnely Maldonado Meza, destacó que el Estado de México es la primera entidad del país en firmar este tipo de acuerdo, lo que sienta un precedente nacional en el reconocimiento del derecho a una vivienda adecuada.
Este compromiso refleja la visión del Gobierno del Estado de México de promover la justicia social y la equidad, alineándose al Eje 4 “Bienestar Social” del Plan de Desarrollo 2023-2029, en particular al Objetivo 4.11, enfocado en incrementar el acceso de la población a viviendas dignas y seguras.
Con acciones como esta, el Gobierno de la Maestra Delfina Gómez reafirma su compromiso de transformar la vida de las familias mexiquenses, garantizando no solo el acceso a una casa, sino el derecho pleno a un patrimonio con certeza jurídica y social.
