Toluca, EDOMEX.- Con una agenda firme y transformadora, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (GPPVEM) ha consolidado un año legislativo de alto impacto en la LXII Legislatura del Estado de México. Bajo el liderazgo del diputado José Alberto Couttolenc Buentello, la bancada ha impulsado reformas estructurales en materia ambiental, judicial y de derechos humanos, colocando en el centro de la agenda pública la protección del entorno, la igualdad sustantiva y la democracia.
Entre sus logros más determinantes, destaca la tipificación como delito grave de la tala clandestina, con penas que pueden alcanzar los 110 años de prisión, así como la democratización del Poder Judicial mediante el voto popular para elegir jueces y magistrados. Estas reformas no solo responden a reclamos sociales de larga data, sino que marcan un antes y un después en la forma de impartir justicia y defender el patrimonio natural mexiquense.
El PVEM también ha promovido avances clave en la protección de mujeres, niñas, niños y adolescentes, con la creación de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas de Delitos por Razón de Género y la obligación del Estado de garantizar una vida libre de violencia. En paralelo, logró establecer sanciones ejemplares contra quienes entreguen productos plásticos de un solo uso y castigos con trabajo comunitario para quienes tiren basura en lugares prohibidos.
En una acción sin precedentes, el Congreso estatal, a iniciativa del Verde, incorporó al marco jurídico el concepto de Patrimonio Natural y Biocultural, protegiendo no solo ecosistemas y especies, sino también saberes tradicionales y expresiones culturales. Además, se reguló el uso de sistemas antigranizo, imponiendo multas millonarias a quienes alteren el ciclo hidrológico sin autorización.
El paquete de iniciativas no se detiene. Se encuentran en análisis reformas para combatir el huachicoleo de agua, regular la venta de mascotas, crear espacios dignos para lactancia en cárceles, proteger a activistas ambientales y garantizar el derecho humano a la activación física. Asimismo, se proponen incentivos fiscales a empresas ambientalmente responsables y plataformas digitales que faciliten la apertura de negocios sustentables.
