Toluca, EDOMEX.- Han pasado más de 5 mil 475 días desde que Mariana Lima Buendía fue asesinada en Chimalhuacán. Su madre, Irinea Buendía, no ha descansado un solo día en su lucha para que se reconozca lo que le arrebataron: la vida de su hija y el derecho a la justicia.
Este martes, frente al Congreso del Estado de México, Irinea colocó una ofrenda y memorial para recordar que en este país, ser mujer y buscar justicia es vivir un calvario. La negación de justicia, dijo, no es un hecho aislado: es una política no escrita que castiga a las mujeres por ser pobres, por vivir en zonas marginadas y por exigir sus derechos en un sistema diseñado para silenciarlas.
“Nos negaron justicia por ser mujeres, y por ser pobres. Nos negaron justicia porque la impunidad en México es la norma”, expresó, acompañada de activistas, legisladoras y familias que también buscan a sus hijas o lloran por ellas.
En un hecho inédito, Irinea —junto con la diputada Jennifer Nathalie González López, presidenta de la Comisión de Salud, Asistencia y Bienestar Social— entregaron una propuesta legislativa que busca tipificar como delito la negación de justicia por razones de género, convirtiendo al Estado de México en la primera entidad del país en dar ese paso.
Entre los puntos clave de la iniciativa se encuentra:
-
Adición de una fracción al artículo 50 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que obligaría a la Fiscalía estatal a investigar todas las muertes violentas de mujeres bajo el protocolo de feminicidio, sin importar si se presentan como suicidios o accidentes.
-
Reforma al artículo 353 del Código Penal del Estado de México para incluir una nueva fracción (XXXIV) que tipifique como delito los actos u omisiones de servidores públicos que impidan la justicia en casos de violencia de género.
Esta propuesta implica penas de 4 a 10 años de prisión, multas, destitución e inhabilitación para los funcionarios que incurran en estas faltas.
La iniciativa reconoce que detrás de cada feminicidio impune hay una cadena de negligencias, omisiones y complicidades que también deben ser sancionadas. Es una forma de decir que la justicia no es un favor: es un derecho. Y cuando se niega por razones de género, también es violencia.
En un país donde cada día son asesinadas en promedio 10 mujeres, y donde sólo un pequeño porcentaje de esos casos llegan a una sentencia, esta reforma legislativa busca sentar un precedente para erradicar la impunidad institucional.
“Negar justicia es alentar a los feminicidas”, sentenció Irinea Buendía. Su voz, firme y dolida, no clama venganza. Exige que se cumpla la ley.
